El día de ayer se ha anunciado la cancelación de la Teletón 2019. Conforme a CNN Chile, esto se debe a la situación país, dado el estallido social de las últimas semanas, lo que dificulta la recaudación de dinero para financiar la finalidad del evento.

Su Directora agrega: “existe una situación compleja en nuestro país, y es por eso que en este momento hemos considerado necesario postergar el evento que año a año, nos permite recaudar los fondos necesarios para financiar esta obra”, lo cual instala la pregunta: ¿por qué un evento de una vez al año, es el responsable de financiar una labor que debiese estar desde el inicio garantizada económicamente por el Estado? La respuesta, porque la Constitución permite que el Estado no sea garante de los derechos, abriendo el espacio para que las problemáticas asociadas a materias, por ejemplo, de educación o salud, sean abordadas a través de arreglos entre privados. Ello deja a las personas y familias, especialmente a aquellas de menores ingresos, en una situación de profunda e inhumana desventaja para poder avanzar hacia la inclusión de las personas en situación de discapacidad.

En este contexto, partiendo por reconocer el importante trabajo que ha realizado por décadas la Teletón para contribuir a la inclusión de una gran cantidad de personas en situación de discapacidad en Chile, cobra relevancia tener en consideración que la labor de la Teletón es expresión del rol subsidiario que toma el Estado en materia de bienestar de las personas, y que se encuentra anclado en la Constitución heredada de la dictadura de Pinochet. Dicho de otro modo, sólo ahí donde el privado no actúa, actuará el Estado. Tomando la idea de rol subsidiario, ahora desde una perspectiva de derechos, cabe decir que, invirtiendo los roles, es la Teletón la que, en términos estrictos, subsidia el ineficiente ejercicio del Estado en pos de garantizar los derechos de las personas en situación de discapacidad.

En este sentido, quiero ser claro, reconociendo la importante labor de la Teletón y de tantas otras organizaciones de la sociedad civil en el enfrentamiento de diversas problemáticas sociales, no es posible que quienes se encuentran en situación de discapacidad dependan de la solidaridad de organismos privados para ejercer sus derechos. No debemos olvidar que Chile ratificó la Convención sobre los Derechos de las personas en situación de discapacidad el 2008, elemento que implica nunca perder de vista que, en materia de derechos, el primer responsable es siempre el Estado, y no una Fundación ni otras entidades no gubernamentales.

Dicho esto, ante la pregunta, hoy día frecuente, sobre si una nueva constitución solucionará todos los problemas que tenemos como país, incluidos aquellos que enfrentan las personas en situación de discapacidad, la respuesta es simple: No. Una nueva constitución no supone el “fin de un camino” en donde todos los problemas sociales estarán resueltos. Sin embargo, supone un “punto de partida” para generar condiciones más equitativas para las personas, partiendo del reconocimiento de un Estado primer garante de los derechos para, desde ahí, contar con una ley marco de las otras leyes, que nos permita como país, avanzar hacia una sociedad más justa y solidaria en donde, todas, todos y todes, incluidas las personas en situación de discapacidad, no dependan del aporte de privados ni de los ingresos que son capaces de generar para poder avanzar hacia el ejercicio activo de sus derechos.