Por Italo Cicardini O.

Sólo durante el primer fin de semana de cuarentena, en la región Metropolitana, las denuncias por violencia intrafamiliar y de género aumentaron un 70%. Los expertos en salud mental e intervenciones sociales apuntan al confinamiento como un factor que profundizó la violencia al interior de hogares que ya lo sufrían. ¿Cómo se han comportado las instituciones públicas para contener este fenómeno? Fabiola Miranda, académica del Departamento de Trabajo Social, analiza esta situación: “Desde hace tiempo a la política pública le hace falta mucho: pese a que tenemos una política pública de violencia de género, la ley no se condice con aquello”.

Sólo durante el primer fin de semana de cuarentena en siete comunas de la capital las denuncias por violencia de género aumentaron un 70%. ¿Cuán determinante es el factor confinamiento?

Si bien existe un aumento de casos violencia contra las mujeres, que ha sido documentado por las instituciones correspondientes, en los últimos meses, lo que ha aumentado es la consulta: las mujeres están pidiendo mayor orientación. Sin embargo, las denuncias han disminuido. Los factores son diversos: la reducción de la movilidad de las mujeres, la inexistencia de mecanismos de denuncias virtuales (más allá del fono familia de Carabineros), todas las medidas de distanciamiento social, el desconocimiento de los mecanismos de denuncias y de dispositivos del Estado; pero esto ya venía previo a la pandemia. Lamentablemente lo que ha aumentado son los casos de femicidios: entre marzo y junio del presente año, si comparamos con los 12 casos a la misma fecha del 2019, hoy estamos en 18, y todos ellos han sido cometidos en el domicilio de la víctima. Existe también una cantidad enorme de femicidios frustrado que al 15 de junio alcanzaba los 51 casos.

Entendiendo que el confinamiento es un factor de riesgo para la violencia intrafamiliar, ¿qué oportunidades existen – desde la política pública – para mitigar este fenómeno?

La pandemia ha evidenciado una tensión latente en muchos hogares y relaciones sexo – afectivas y profundizando el miedo y la incertidumbre de las mujeres frente a este contexto. Pero también, no solo ha demostrado que existe mucha violencia, sino que ha mostrado una crisis de las labores de cuidado, que hoy más que nunca recaen en mujeres y las obligan a ser polifuncionales, en un contexto súper adverso para la salud mental. La incertidumbre tiene como consecuencia un incremento en la percepción de la violencia y de un abandono por parte del Estado.

Hay un miedo consistente y entendible sobre las atribuciones que tiene la justicia – que lamentablemente son más bien limitadas – que hacen que las mujeres se retracten, no denuncien, sobre todo en situaciones donde el empobrecimiento afecta a muchos hogares del país. Desde hace tiempo a la política pública le hace falta mucho: pese a que tenemos una política pública de violencia de género, la ley no se condice con aquello, la violencia entre personas parejas del mismo sexo es una realidad, sin embargo, en una suerte de improvisación caso a caso las instituciones se ven obligadas a entregar respuestas, en el mejor de los escenarios, cuando existen buenas voluntades. Otra oportunidad de mejora es la violencia digital, el control físico que ejercen ciertas parejas, que hoy se traduce más que nunca en la revisión de sus dispositivos o en control virtual constante, por ejemplo.

¿Hay confianza en las instituciones, como organismos de recepción de denuncias, acompañamiento y protección?

Lamentablemente, creo que si ya existía una baja confianza en las instituciones y en sus respuestas, desde la crisis de octubre esto se ha incrementado mucho más, sobre todo si pensamos en las graves acusaciones de violencia policial cometidas durante los periodos de protesta. Carabineros y la PDI siguen siendo los menos capacitados y son las instituciones que, según las encuestas, no son activas en la toma de denuncias por motivo de violencia de género. Sin embargo, al ser las instituciones más conocidas muchas denuncias ingresan por ahí, pero muchas mujeres acusan maltrato o falta de conocimiento de la situación. El Ministerio de la Mujer y la equidad de Género, también ha tenido sus propias crisis, que hemos vistos en los últimos meses en Redes Sociales con el hashtag #notenemosministra, y la gran rotación de personal. Hoy por hoy, las instituciones que más esfuerzos han hecho, siendo que el acompañamiento no es su función, son aquellas de justicia como el Ministerio Público, y los Tribunales a través del establecimiento de audiencias vía teleconferencia. Pero falta destinar aún muchos recursos. Hay muchas mujeres que carecen de medios para pagar el internet, otras que no están en espacios de seguridad, además de dejar fuera a mujeres con discapacidades visuales o auditivas. La brecha digital es un límite que desincentiva fuertemente a un grupo importante de la población.

Se piensa mucho en una víctima ideal: que va a solicitar ayuda, denunciar, mantener un proceso y obtener una respuesta, pero esta es la excepción a la regla, hay que estar muy presentes con las mujeres, pues aquí se mezclan afectos, dependencias económicas, lo que las lleva a una ambivalencia constante. Si se sabe que los organismos que tratan la temática suelen darle menos importancia a estos casos y que las respuestas aún siguen siendo débiles, lamentablemente nos seguiremos dando vueltas en círculo como hasta ahora.