A 51 años de la revuelta de Stonewall, redada policial ocurrida en Nueva York y considerada como uno de los principales momentos históricos donde las personas LGTBQ+ se organizan en contra de las discriminaciones por su diferencia, distintas formas de acoso policial hacia la diversidad sexual se mantienen: insultos durante detenciones, violencia sexual y burlas por la identidad de género.

En Chile, luego del retorno a los gobiernos elegidos popularmente, pasaron diez años para la derogación del artículo que penaba la sodomía como un delito. Guardando proporciones, si bien esto fue un avance, no implicó para las personas de la diversidad una ganancia en derechos, y mucho más lejos aún una igualdad ante la ley respecto del resto de la ciudadanía heterosexual. 

Para la diversidad sexual la década del 2010 comenzó con la amarga golpiza y posterior muerte de Daniel Zamudio, que tuvo como respuesta la generación de una ley contra la discriminación arbitraria en el año 2012, que ya a casi ocho años de su promulgación ha evidenciado diferentes falencias, no constituyéndose como una herramienta legal que permita una protección y reparación efectiva para casos de discriminación de las personas LGBTQ+. Ya terminando la misma década se promulga y luego entra en vigencia a fines de diciembre de 2019 la Ley de Identidad de Género, que hasta el momento no se termina de ajustar en su reglamento interno, en relación a la burocracia relativa a los trámites y menos aún con una política de acompañamiento para personas que solicitan cambios registrales, entre otros.

A través de los medios de comunicación hemos podido conocer difíciles casos de niñes trans, como el emblemático caso de Selenna, quien a sus 7 años se muestra visible en la lucha por el reconocimiento de su identidad; pero también tragedias policiales como la desaparición y crimen de Nicole Saavedra, joven lesbiana asesinada en 2016. Lamentablemente existe una larga lista crímenes y discriminaciones, frente a los y las cuales no siempre ha existido una respuesta y menos una celeridad del tratamiento de dichos procesos, cuando han llegado a la justicia. 

En el mundo han existido casos conocidos donde personas de la diversidad sexual han tenido que acudir a la justicia para exigir el reconocimiento y ejercicio de sus derechos. Destaca en el último tiempo la defensa que realizó la justicia federal estadounidense al intento de desconocer derechos ya atribuidos a estos grupos en el ámbito laboral, como el de no discriminación por sexo y género, durante la actual administración del Presidente Trump. Desafortunadamente, esto no es una tendencia aislada, con el resurgimiento de neo conservadurismos en América Latina en los últimos años, hemos visto cómo distintas administraciones como la de Jair Bolsonaro en Brasil ha puesto en tela de juicio ciertas garantías ya adquiridas para las diversidades, pero también impulsando un discurso abiertamente homofóbico, instan a sus seguidores a acosar a personas trans, amenazar con violaciones correctivas a mujeres, a apuntar a los homosexuales como enfermos, comparándolos con violadores, pedófilos y asesinos.

¿Cómo defender (nos) los (nuestros) derechos cuando existe igualdad ante la ley de las personas, pero una inferioridad en términos sociales? ¿Cómo reclamar derechos ya adquiridos, pero que están siendo desconocidos en esta ola neoconservadora?.

Lamentablemente, ya no basta con legislaciones con buenos discursos enunciativos, sino con la promoción de una cultura de respeto de los Derechos Humanos, y evidentemente con mucha voluntad política que pase del discurso a la acción. 

Es una sensación compartida entre las personas de las diversidades sexuales el abandono del Estado, una carencia de políticas públicas, una falta de acompañamiento y de análisis situado de las distintas dificultades que enfrentan las personas por sus características, lo cual exige la integración en las políticas de lo que se denomina como un enfoque interseccional -que considere factores como género, edad, etnia entre otros- .

Frente a las carencias que venimos señalando en materia de políticas y frente a una tolerancia por inacción de discriminaciones que afectan a las diversidades, muchos casos se han tenido que llevar a la justicia, como un reclamo último por el reconocimiento efectivo de un derecho adquirido. Así, se da paso a lo que se conoce en las ciencias sociales a diferentes procesos de judicialización de la política, es decir, que la sociedad civil frente a un Estado que no innova en políticas debe presionar a los organismos de justicia para que sean éstos los que terminen dando respuesta a responsabilidades que deben asumir los otros poderes del Estado. 

De esta manera, tenemos frente a una necesidad contextual, a organismos de justicia como el Ministerio Público, el año 2019, innovando en la creación de una oficina especializada para recibir casos relacionados a la diversidad sexual, ofreciendo protección especializada a víctimas y testigos. Es más, implementando esfuerzos para tratar casos de asesinatos entre parejas del mismo sexo para evitar que sean considerados como simples homicidios, entre otros. Del mismo modo, a inicios de junio del presente año, es el Segundo Juzgado de Familia de Santiago, la entidad que reconoce para dos mujeres lesbianas unidas en AUC, la historiadora Emma de Ramón y su pareja, el vínculo de filiación con su hijo como madres, siendo un fallo histórico en la materia, luego del conocido caso de la jueza Karen Atala, quien muchos años atrás demandó al Estado de Chile para obtener la tuición de sus hijas que se le había negado solo por el hecho de ser lesbiana. 

Si bien observamos que a través de la justicia se han establecido precedentes, el Tribunal Constitucional también fallaba a inicios de junio de este año en contra del reconocimiento del matrimonio de una pareja del mismo sexo que había contraído matrimonio en España dejando en completa desprotección a su hijo, debido a no cumplirse el requisito de la constitución heterosexual de la familia y del vínculo matrimonial. Lo cual va claramente al opuesto del fallo del Tribunal de Familia y muestra el amplio conservadurismo de los miembros que componen dicha instancia. 

Creemos que no podemos estar orgullosos frente a todas estas contradicciones, sentimos que si bien la justicia es una instancia legítima de resolución de conflictos, los avances deben venir dados desde la legislación y de políticas públicas garantistas de derechos. Creemos que el proceso constituyente no puede dejar fuera a las personas de la diversidad y que estos temas deben ser abordados. Existen muchas dificultades para las personas de la diversidad, muchas familias de facto que no pueden acceder a beneficios estatales, y sentimos que el bajo reconocimiento y garantía de derechos que tenemos actualmente en el país no nos puede hacer pensar que ya estamos en la vía correcta de cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de Derechos Humanos. 

La diversidad existió, existe y va seguir existiendo pese a que esto pueda incomodar a cualquier autoridad o lector de la columna. 

PUBLICACIÓN ORIGINAL

Texto escrito por Fabiola Miranda Pérez, Académica Universidad Alberto Hurtado, investigadora del Programa de Género y Diversidad Sexual, GEDIS y Guillermo Sagredo Leyton, Administrador Público, integrante del Círculo de Estudiantes Viviendo con VIH, CEVVIH